La liberación de 20 implicados en la matanza de indígenas en Acteal, Chiapas en 1997 por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha levantado indignación en muchos espacios, intelectuales, grupos indígenas y Amnistía Internacional piden la revisión del caso.

De inicio un grupo de intelectuales encabezado por estudiantes y luchadores sociales, entre ellos Paco Ignacio Taibo II, Francisco Martínez Marcué, José Luis Alonso, Mario di Costanzo y Jaime Cárdenas han hecho circular una carta en la que acusan a los ministros de la SCJN de “intentar ocultar un crimen de lesa humanidad que cometieron el entonces presidente priísta Ernesto Zedillo; quien fuera su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y el asesor de Francisco Labastida (quien sucedió a Chuayffet en Bucareli luego de la masacre), Adolfo Orive Bellinger”.

Por su parte Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que llama al Estado Mexicano a que se inicie un nuevo proceso de revisión al caso puesto que la actual decisión solo evidencia el sistema de justicia mexicano en el que ni funcionarios de alto rango, ni integrantes del Ejercito han rendido cuenta de su implicación en el caso.