Los países del Grupo de los Veinte (G-20), que integran los países ricos y los emergentes, reunidos en Pittsburgh, Estados Unidos, decidieron convertirse en el árbitro que dirigirá la economía internacional, desplazando al Grupo de los Ocho (G-8), formado por los países más industrializados y Rusia, que era donde se tomaban las decisiones, lo que les dotará de más poder para impulsar las reformas financieras necesarias para afrontar la crisis.
El comunicado con el que se cerró la cumbre del G-20 en Londres, hace cinco meses, era ambicioso y claro en sus principios: a partir de ahora, ningún agente financiero relevante (desde hedge funds a agencias de rating) escaparía de la vigilancia pública. Se haría un esfuerzo por establecer normas conjuntas que penalizaran una gestión excesivamente arriesgada. Y que obliguen a las entidades financieras a apartar más dinero con el que hacer frente a posibles pérdidas. “Los que actúan de forma irresponsable no deben confiar en que los contribuyentes asuman el coste de sus fallos otra vez”, insistió ayer el presidente de EE UU, Barack Obama. La cumbre de Londres fue también clara en los plazos: la mayoría de las reformas debían ponerse en marcha a finales de este año, lo que hacía de Pittsburgh una parada ineludible. Pero, finalmente, el G-20 optó ayer por otorgarse una prórroga, ante la enormidad del envite.
En paralelo, el G-20 decidió reforzar otras instituciones financieras internacionales, y entre ellas el Consejo de Estabilidad Financiera, que en abril pasado ya se decidió que incluyera a todos los países del G-20, lo que ahora ocurrirá también con el Foro Mundial de Transparencia e Intercambio de Información. Este foro mundial es un órgano vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que trabaja para la transparencia y cooperación en materia fiscal. El Consejo de Estabilidad Financiera, por su parte, se convertirá en la herramienta central del G-20 para impulsar reformas del sistema financiero mundial.
El caso más llamativo es el que hace referencia a las nuevas exigencias de capital a la banca. El Consejo de Estabilidad Financiera y el Banco Internacional de Pagos, como les había pedido el G-20, ya habían publicado sendos informes sobre cómo abordar la cuestión. Y el comité de Basilea para la supervisión bancaria recomendó que se establezca un ratio unificado de capital sobre los activos para que los supervisores puedan valorar la vulnerabilidad de cada entidad. El G-20 asume esa recomendación, pero se da hasta “finales de 2010″ para desarrollar reglas internacionales. Y posterga “a finales de 2012″ su completa puesta en marcha.


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