El contralor interno de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero llamó a declarar en calidad de presentados a por lo menos 40 funcionarios públicos relacionados con el desalojo en la Autopista del Sol el pasado 12 de diciembre, donde dos estudiantes normalistas fueron asesinados y un empleado de una gasolinera murió a causa de un incendio provocado.

Los funcionarios fueron trasladados a las oficinas de la procuraduría estatal para ser investigados por presuntas irregularidades que se cometieron durante el desalojo de estudiantes de Ayotzinapa.

Entre los funcionarios presentados ante la Procuraduría estatal se encuentran el ex subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, Alejandro Paz y Puente, y el director de Control de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata. También comparecieron mandos superiores y medios además de policías ministeriales y peritos que participaron en el
fallido operativo.

Los citados no se encuentran en calidad de detenidos. En las próximas horas, una vez que rindan su declaración, la Procuraduría de Justicia de Guerrero, determinará si inicia proceso en contra de los funcionarios públicos, los pone a disposición de la Procuraduría General de la República o en libertad.

Funcionarios de la PGR aclararon que ellos no han declarado a ninguno de los funcionarios, pues todas las investigaciones relacionadas con el desalojo de los normalistas las realiza, por el momento la procuraduría de Guerrero.

El pasado 12 de diciembre estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, bloquearon la Autopista del Sol en Chilpancingo, para demandar una reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

En respuesta, agentes federales, policías ministeriales de Guerrero y elementos municipales de Chilpancingo se dieron cita en el lugar y tras un fallido intento de desalojo dispararon contra los estudiantes, matando a dos de ellos.

Hasta el momento no hay ninguna persona consignada por estos delitos.

La Procuraduría de Guerrero arraigó en un primer momento a 12 policías ministeriales, 10 de ellos fueron liberados y sólo dos continúan retenidos, mientras el ministerio público amplia sus investigaciones para intentar vincularlos con este doble asesinato.

Por otra parte, ayer se reunieron en el estado el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde de Acapulco, Manuel Añorve, para entregar patrullas a elementos del puerto.