Acicateados por la crítica de empresarios en torno a los desproporcionados sueldos y otras canonjías de las cuales gozan funcionarios y representantes populares salta por ahí la propuesta de un diputado dando muestras de sensibilidad, aunque sea forzada, en la que propone en materia de salarios máximos que ningún representante popular podrá ganar más que lo que percibe el gobernador, esto para poner alto, se argumenta, a notorios excesos que se dan en los ayuntamientos en cuanto a dietas y salarios y prestaciones que rayan en la desvergüenza y latrocinio de parte de alcaldes, regidores, síndicos y funcionarios así como para eliminar la discrecionalidad en el manejo de recursos que tiene lugar en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial donde el dispendio es no solo ofensivo sino ilegal.

Un botón de muestra: regidores y funcionarios municipales de Cuernavaca con pretexto de término de gestión, sin importar que las arcas municipales se queden vacías se echaron a la bolsa el equivalente a tres meses de sueldo siendo este verdadero abuso dándose este robo a las arcas no solo en el municipio cuernavaquense, sino en los 32 restantes.

Vayamos con los diputados: siendo su sueldo mensual de más de 60 mil pesos, todavía reciben otro tanto bajo el rubro de “gestoría”, cobrando además otras cantidades quienes son coordinadores, presidentes de comisiones y del Congreso y de quien encabeza la junta de gobierno de este poder. Aquí sería preciso que el IMIPE en base a la cantada transparencia fueran dados a conocer a la opinión pública el total de recursos que percibe cada diputado mensualmente. No puede que en casa del herrero azadón de palo, ello en razón de que el poder Legislativo se encarga de revisar, contabilizar vigilar, fiscalizar y transparentar los recursos en las dependencias de los poderes del estado.

El diputado Rabindranath Salazar se quedó corto en su propuesta ya que en ésta no menciona la cancelación de diversos pagos discrecionales como es el teléfono celular, comidas, viajes, gasolina y los llamados bonos, ¡ah! y la compra de autos nuevos. Además le faltó puntualizar y apoyar la propuesta de su compañera de bancada Hortensia Figueroa de cancelar los aguinaldos a los cuales, según la ley, a la que hace énfasis la legisladora, no tienen derecho.

Cabría preguntar al diputado Salazar Solorio, (quien defendió a capa y espada de los señalamientos de desvío de recursos que ha sido objeto su ex colaborador Miguel Ángel Rabadán, el entrante alcalde de Jiutepec) si para ser congruente con su iniciativa renunciarán los diputados de los 70 mil pesos que por concepto de gestoría porque aquí está el meollo del asunto, los salarios de suyo desproporcionados de diputados, alcaldes, síndicos y regidores del gobernador y magistrados se van a las nubes con las compensaciones que reciben en diversos rubros en forma discrecional. Finalmente decimos, que no se le de atole con el dedo al pueblo, que no haya tanta disparidad entre los ingresos de los trabajadores y funcionarios y representantes populares, que no sea tan notorio aquel dicho de gobernantes ricos y pueblo pobre. ¿Veremos pronto la respuesta?